FUERZAS ARMADAS Y SEGURIDAD PUBLICA: PARA DISIPAR CONFUSIONES

Nota Publicada en Página12 "Demagógico y efectista"

Nota Publicada en el diario Página12

Sábado, 18 de octubre de 2014

“DEMAGÓGICO Y EFECTISTA”

Intelectuales, políticos, periodistas y dirigentes de derechos humanos de diferentes posiciones políticas salieron al cruce de quienes quieren involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Alertaron sobre el peligro que entraña “la especulación política de corto plazo”.

Recientemente un ex presidente de la República, un candidato presidencial a las elecciones de 2015 y un ex ministro de Defensa han hecho declaraciones en favor del entrecruzamiento de las actividades militares con las policiales. Sus dichos entreveran de una manera inconveniente, contradictoria con la normativa vigente, las funciones de defensa y de seguridad. No son voces aisladas pues desde hace un tiempo se plantea, en diversas esferas y a través de diferentes medios, la alternativa de utilizar las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública: una opción gravosa en varios sentidos, que remite más al pensamiento mágico que al abordaje razonado de los problemas.

Las Fuerzas Armadas (FFAA) no son instituciones multipropósito. Son un seguro que los ciudadanos pagamos para defendernos de eventuales amenazas armadas externas que pudieren agredir nuestro territorio, nuestra población, nuestras autoridades o nuestros recursos. Para tal fin se educan, se preparan, se adiestran y son provistas de complejos y costosos sistemas de armas, de una doctrina militar y de un despliegue territorial diseñados para la eventual aplicación de la violencia en el grado extremo que requiere la guerra.

Por otra parte, la República cuenta con instituciones específicamente diseñadas para enfrentar los problemas de la seguridad pública, para lo cual también están formadas y entrenadas, dotadas de medios operativos e infraestructura y desplegadas en el territorio nacional. Todo ello conforme al marco constitucional y jurídico vigente. Las fuerzas policiales (Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y  policías provinciales) y de seguridad (Gendarmería Nacional y Prefectura Naval)  tienen el objetivo de coadyuvar en la aplicación de la ley y de prevenir, interrumpir y eventualmente investigar diversas formas de criminalidad.  En ocasiones se ven en la necesidad de utilizar la coerción para  hacer efectiva la aplicación de la ley con un criterio de gradualidad, estricta adecuación de medios a fines y de preservación de la vida y de la integridad física de aquellas personas que deben constituir el objeto de su accionar. Argentina posee, así, fuerzas denominadas “intermedias” cuya formación, adiestramiento y doctrina les posibilita disponer de mayor flexibilidad y capacidad de respuesta para enfrentar amenazas a la seguridad interior. Este es un recurso –conviene destacarlo- con el que cuentan varios países de Europa y muy pocos en América Latina, entre ellos México que recientemente ha desarrollado un cuerpo de gendarmería.

En democracia, a partir de un amplio consenso pluripartidario,  se construyó en nuestro país un marco legal en materia de defensa y seguridad interior que define con claridad misiones y ámbitos de jurisdicción de sus FFAA y de sus fuerzas policiales y de seguridad, y deslinda con precisión y rigor sus respectivos campos de actuación. Producir una desviación de la misiones de las FFAA hacia funciones de seguridad pública involucra serios problemas y riesgos. Primero, porque el hecho de que usen armas no las capacita para lidiar con el delito. Soldados y policías están instruidos para actividades diametralmente diferentes, como se acaba de señalar, que implican dos modalidades distintas de uso de la violencia armada. Y segundo porque la mayor eficiencia que los militares supuestamente aportarían al trabajo policial no está verificada por la evidencia empírica disponible. No hay ejemplos exitosos del desempeño de las fuerzas armadas en funciones policiales. Por el contrario, lo que desgraciadamente se observa en los países de la región que han apelado al recurso militar es la persistencia del crimen organizado, fundamentalmente del narcotráfico. Pero además su uso frecuentemente implica un incremento en los niveles de violencia y de violaciones a los derechos humanos, así como de corrupción debido a la  connivencia que suelen mantener con los grupos a los que debería combatir. Todo lo cual irremediablemente afecta a las instituciones militares pero,  más importante aún,  al propio Estado de derecho.

Entre las naciones que conforman la comunidad internacional prevalece la noción de que todo Estado debe contar con FFAA que garanticen su integridad y soberanía frente a agresiones militares externas. Conviene no olvidar, sin embargo, que los argentinos aprendimos en Malvinas que si las FFAA desvirtúan su oficio con el desarrollo de misiones ajenas a su función específica, ulteriormente no son un instrumento apto para defender la nación.

Cuando vemos que algunos dirigentes políticos exponen de manera poco responsable que la inseguridad o el narcotráfico debe combatirse con las FFAA, quienes hemos trabajado el tema por años nos sentimos muy preocupados. Hemos sido modestamente parte de la larga y costosa lucha por restablecer la democracia en Argentina, uno de cuyos primeros asuntos a resolver fue, precisamente, qué hacer con los militares. Estamos convencidos de que el pensamiento mágico es inconducente: no hay atajos para encarar satisfactoriamente nuestros problemas de seguridad pública. Y creemos que la especulación política de corto plazo engarzada a un discurso demagógico y efectista, cuyo objetivo es policializar la labor militar,  puede abrir la puerta a peligrosos futuros. No hay beneficio colectivo en la tergiversación de la función básica de nuestras FFAA; hay error acaso ingenuo en algunos y en otros sólo interesados –y riesgosos- oportunismos.

La confusión que entraña lo antedicho merece ser disipada. Llamamos a no aceptar un retroceso contraproducente, a aprender de los errores de terceros, y a encarar nuestros problemas de seguridad pública con responsabilidad ciudadana, sin enconos y con discernimiento.

FIRMANTES

ACUÑA Carlos H.; AGUAS Mariano; AINCHIL Gustavo; ALES Cecilia; ANGUITA Eduardo; APPIOLAZZA Martín; ARONSKIND Ricardo; ARSLANIAN León Carlos; AZNAR Luis; BALZA Martín; BLAUSTEIN David; BOLOGNA Bruno; BULCOURF Pablo; BURKUN Mario; BUSSO Anabella; CAÑON Hugo; CAPUTO Dante; CARRASCO DE LA RIVA Guillermo; CASTAÑO Jazmín; CASTIGLIONI Franco; CLEMENT Ana María, COGORNO Guillermo; COLOMBO ROQUE Ricardo; COLOMBO SIERRA Agustín; COMINI Nicolás; CHILLIER Gastón; D´ALESSANDRO Juan Manuel; D´ALOTTO  Alberto; DE ARRIBA Alberto; DEL PERCIO Enrique; DER GHOUGASSIAN Khatchik; DE ROSE Roberto; DIAMINT Rut; DUFOUR Gustavo; DVORKIN Eduardo; EISSA Sergio; ELBAUM Jorge; ESTEVEZ Eduardo; ESTRELLA Miguel Angel; FERNANDEZ Arturo; FERNANDEZ María Belén; FERNANDEZ Santiago; FÖHRIG Alberto; FORTI Alfredo; FREDERIC Sabina; FURMAN Rubén; GAK Abraham; GALLESIO Enrique; GARGARELLA Roberto; GARRE Nilda; GARRETA Jaime; GRIMSON Alejandro; JARAMILLO Ana; KANDIKO Ulises; LAVALLEN RANEA Fabián; LECHINI Gladys; LITVACHKY Paula; LOPEZ Ernesto; LOPEZ CHORNE Juan; LORETI Damián; MARCELLO Roberto; MARTINEZ Pablo; MAURINO Gustavo; MERKE Federico; MORENO OCAMPO Luis; NATANSON José; OSZLAK Oscar; OTAMENDI Alejandra; PALERMO Vicente; PALMIERI Gustavo; PARADISO Pepe; PASCALE Norberto; PASSERA Javier; PATIÑO MAYER Hernán; PIERINI Alicia; PINTO Mónica; PONS Roberto; QUILICI Domingo; RODRIGUEZ Jesús; RODRIGUEZ GAMES Nicolás; ROMANO Silvina; ROSTICA Julieta; SAIN Marcelo; SALOMON Alejandro; SANCHEZ ANTELO Raúl; SARLO Beatriz; SEGAL Alberto; SEMAN Ernesto; SOPRANO Germán; STUBRIN Marcelo; STUPENENGO Héctor; TAIANA Jorge; TALENTO Miguel; TIBILETTI Luis Eduardo; TIBILETTI María de la Paz; TOKATLIAN Juan Gabriel; TONELLI Luis; UGARTE José Manuel; VARNAGY Tomás; VAZQUEZ OCAMPO José María; VELAZCO María Luisa; VERBISTKY Horacio; VILLAGRA DELGADO Pedro; VIOR Eduardo; WATTS Jorge.