viernes, 24 de abril de 2015

A la llana y sin rodeos. por Juan Goytisolo


Discurso de Juan Goytisolo. 
 Ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2014
 (23 de abril de 2015)



En términos generales, los escritores se dividen en dos esferas o clases: la de quienes conciben su tarea como una carrera y la de quienes la viven como una adicción. El encasillado en las primeras cuida de su promoción y visibilidad mediática, aspira a triunfar. El de las segundas, no. El cumplir consigo mismo le basta y si, como sucede a veces, la adicción le procura beneficios materiales, pasa de la categoría de adicto a la de camello o revendedor. Llamaré a los del primer apartado, literatos y a los del segundo, escritores a secas o más modestamente incurables aprendices de escribidor.

A comienzos de mi larga trayectoria, primero de literato, luego de aprendiz de escribidor, incurrí en la vanagloria de la búsqueda del éxito -atraer la luz de los focos, “ser noticia”, como dicen obscenamente los parásitos de la literatura- sin parar mientes en que, como vio muy bien Manuel Azaña, una cosa es la actualidad efímera y otra muy distinta la modernidad atemporal de las obras destinadas a perdurar pese al ostracismo que a menudo sufrieron cuando fueron escritas.

La vejez de lo nuevo se reitera a lo largo del tiempo con su ilusión de frescura marchita. El dulce señuelo de la fama sería patético si no fuera simplemente absurdo. Ajena a toda manipulación y teatro de títeres, la verdadera obra de arte no tiene prisas: puede dormir durante décadas como La regenta o durante siglos como La lozana andaluza. Quienes adensaron el silencio en torno a nuestro primer escritor y lo condenaron al anonimato en el que vivía hasta la publicación del Quijote no podían imaginar siquiera que la fuerza genésica de su novela les sobreviviría y alcanzaría una dimensión sin fronteras ni épocas.

Llevo en mí la conciencia de la derrota como un pendón de victoria”, escribe Fernando Pessoa, y coincido enteramente con él. Ser objeto de halagos por la institución literaria me lleva a dudar de mí mismo, ser persona non grata a ojos de ella me reconforta en mi conducta y labor. Desde la altura de la edad, siento la aceptación del reconocimiento como un golpe de espada en el agua, como una inútil celebración.

Mi condición de hombre libre conquistada a duras penas invita a la modestia. La mirada desde la periferia al centro es más lúcida que a la inversa y al evocar la lista de mis maestros condenados al exilio y silencio por los centinelas del canon nacionalcatólico no puedo menos que rememorar con melancolía la verdad de sus críticas y ejemplar honradez. La luz brota del subsuelo cuando menos se la espera. Como dijo
con ironía Dámaso Alonso tras el logro de su laborioso rescate del hasta entonces ninguneado Góngora, ¡quién pudiera estar aún en la oposición!

Mi instintiva reserva a los nacionalismos de toda índole y sus identidades totémicas, incapaces de abarcar la riqueza y diversidad de su propio contenido, me ha llevado a abrazar como un salvavidas la reivindicada por Carlos Fuentes nacionalidad cervantina. Me reconozco plenamente en ella. Cervantear es aventurarse en el territorio incierto de lo desconocido con la cabeza cubierta con un frágil yelmo bacía.

Dudar de los dogmas y supuestas verdades como puños nos ayuda a eludir el dilema que nos acecha entre la uniformidad impuesta por el fundamentalismo de la tecnociencia en el mundo globalizado de hoy y la previsible reacción violenta de las identidades religiosas o ideológicas que sienten amenazados sus credos y esencias.

En vez de empecinarse en desenterrar los pobres huesos de Cervantes y comercializarlos tal vez de cara al turismo como santas reliquias fabricadas probablemente en China, ¿no sería mejor sacar a la luz los episodios oscuros de su vida tras su rescate laborioso de Argel? ¿Cuántos lectores del Quijote conocen las estrecheces y miseria que padeció, su denegada solicitud de emigrar a América, sus negocios fracasados, estancia en la cárcel sevillana por deudas, difícil acomodo en el barrio malfamado del Rastro de Valladolid con su esposa, hija, hermana y sobrina en 1605, año de la Primera Parte de su novela, en los márgenes más promiscuos y bajos de la sociedad?

Hace ya algún tiempo, dedique unas páginas a los titulados Documentos cervantinos hasta ahora inéditos del presbítero Cristóbal Pérez Pastor, impresos en 1902 con el propósito, dice, de que “reine la verdad y desaparezcan las sombras”, obra cuya lectura me impresionó en la medida en que, pese a sus pruebas fehacientes y a otras indagaciones posteriores, la verdad no se ha impuesto fuera de un puñado de eruditos, y más de un siglo después las sombras permanecen.

Sí, mientras se suceden las conferencias, homenajes, celebraciones y otros actos oficiales que engordan a la burocracia oficial y sus vientres sentados, (la expresión es de Luis Cernuda) pocos, muy pocos se esfuerzan en evocar sin anteojeras su carrera teatral frustrada, los tantos años en los que, dice en el prólogo del Quijote, “duermo en el silencio del olvido”: ese “poetón ya viejo” (más versado en desdichas que en versos) que aguarda en silencio el referendo del falible legislador que es el vulgo.

Alcanzar la vejez es comprobar la vacuidad y lo ilusorio de nuestras vidas, esa “exquisita mierda de la gloria” de la que habla Gabriel García Márquez al referirse a las hazañas inútiles del coronel Aureliano Buendía y de los sufridos luchadores de Macondo. El ameno jardín en el que transcurre la existencia de los menos, no debe distraernos de la suerte de los más en un mundo en el que el portentoso progreso de las nuevas tecnologías corre parejo a la proliferación de las guerras y luchas mortíferas, el radio infinito de la injusticia, la pobreza y el hambre.

Es empresa de los caballeros andantes, decía don Quijote, “deshacer tuertos y socorrer y acudir a los miserables” e imagino al hidalgo manchego montado a lomos de Rocinante acometiendo lanza en ristre contra los esbirros de la Santa Hermandad que proceden al desalojo de los desahuciados, contra los corruptos de la ingeniería financiera o, a Estrecho traviesa, al pie de las verjas de Ceuta y Melilla que él toma por encantados castillos con puentes levadizos y torres almenadas socorriendo a unos inmigrantes cuyo único crimen es su instinto de vida y el ansia de libertad.

Sí, al héroe de Cervantes y a los lectores tocados por la gracia de su novela nos resulta difícil resignarnos a la existencia de un mundo aquejado de paro, corrupción, precariedad, crecientes desigualdades sociales y exilio profesional de los jóvenes como en el que actualmente vivimos. Si ello es locura, aceptémosla. El buen Sancho encontrará siempre un refrán para defenderla.

El panorama a nuestro alcance es sombrío: crisis económica, crisis política, crisis social. Según las estadísticas que tengo a mano, más del 20% de los niños de nuestra Marca España vive hoy bajo el umbral de la pobreza, una cifra con todo inferior a la del nivel del paro. Las razones para indignarse son múltiples y el escritor no puede ignorarlas sin traicionarse a sí mismo.

No se trata de poner la pluma al servicio de una causa, por justa que sea, sino de introducir el fermento contestatario de esta en el ámbito de la escritura. Encajar la trama novelesca en el molde de unas formas reiteradas hasta la saciedad condena la obra a la irrelevancia y una vez más, en la encrucijada, Cervantes nos muestra el camino.

Su conciencia del tiempo “devorador y consumidor de las cosas” del que habla en el magistral capítulo IX de la Primera Parte del libro le indujo a adelantarse a él y a servirse de los géneros literarios en boga como material de derribo para construir un portentoso relato de relatos que se despliega hasta el infinito. Como dije hace ya bastantes años, la locura de Alonso Quijano trastornado por sus lecturas se contagia a su creador enloquecido por los poderes de la literatura.


Volver a Cervantes y asumir la locura de su personaje como una forma superior de cordura, tal es la lección del Quijote. Al hacerlo no nos evadimos de la realidad inicua que nos rodea. Asentamos al revés los pies en ella. Digamos bien alto que podemos. Los contaminados por nuestro primer escritor no nos resignamos a la injusticia.

La importancia de una palabra

Nota de opinión publicada en La Nación
 el 24 de abril de 2015
 día del centenario del genocidio armenio


Raphael Lemkin nació en el siglo XX en Bezwodne, ciudad que perteneció a Rusia, a Polonia, y a Belarús. Fue fiscal, abogado privado y soldado del ejército polaco que enfrentó la invasión nazi. Atravesó dos guerras, perdió su familia en Auschwitz, y dedicó su vida como jurista judío y polaco, a luchar contra las crueldades de una época, signada por las matanzas y el exterminio de poblaciones indefensas.

Al fin de la primera guerra mundial el estudiante Soghomon Tehlirian, atentó en Alemania contra la vida de Talaat Pashà, el Ministro Otomano que en abril de 1915 decretó la deportación del pueblo armenio. El juicio tuvo amplia difusión y el estudiante fue absuelto, logrando que la tragedia de los armenios fuera expuesta a la luz pública. Desde entonces, el joven Lemkin resolvió consagrar su vida a luchar contra el “mal absoluto”. Lo escoltaba un clima de época esperanzador, la guerra había llegado a su fin, se consolidaban drásticos cambios en el mapa de Europa y Asia, mientras los líderes mundiales sentaban las bases de la Sociedad de las Naciones, dando vuelta la página del mayor conflicto armado de la historia.

Sin embargo, Lemkin pensó que la crueldad desatada por el Estado Turco contra el pueblo armenio, tenía características diferentes. No se trataba de una guerra entre dos bandos formados por cuerpos adiestrados para la guerra. Se trataba del exterminio sistemático de una población indefensa. El objetivo era suprimir un pueblo, desatar las fuerzas represivas del Estado contra ancianos, mujeres, y niños, desarmados. No importaba cuantas veces había ocurrido o cuanto horror se acumulaba en la historia de la civilización, solo importaba que no volviera a suceder.  De modo que el jurista se dedicó a luchar por incorporar al Derecho Internacional preceptos que estuvieran destinados a registrar y evitar estas masacres. Aunque no imaginó  que él mismo sería muy pronto protagonista y víctima de la nueva tragedia.  Se atribuye a Hitler la frase: “Después de todo, nadie se acuerda del aniquilamiento de los armenios”, mientras planeaba un nuevo exterminio.

En los años treinta Lemkin comenzó a presentar ponencias en los Congresos de Derecho Penal Internacional para incorporar el concepto.  En los cuarenta, asumiendo que el lenguaje corriente no alcanzaba para describir el horror y apelando a sus estudios de lingüística creó una palabra: Genocidio, la que desde fines de la década del cuarenta se encuentra tipificada e incorporada al Derecho Internacional.

En estos días, con motivo del primer centenario de la tragedia armenia, se ha reiterado una polémica. Turquía no desconoce los hechos y –un siglo después- acepta resignada la condena, como casi todas las palabras que definan lo ocurrido: matanzas, exterminio, masacre, aniquilación.  Todas menos una, genocidio.

Genocidio es un sustantivo, no un adjetivo calificativo que condena una situación histórica. Fue Raphael Lemkin quien acuñó el vocablo, y logró su incorporación, al sistema de las Naciones Unidas y su recepción en normas nacionales de numerosos países, además de la creación de tribunales internacionales encargados de su juzgamiento

Por eso, debemos insistir en que los hechos deben ser calificados con sustantivos. La nación armenia sufrió hace cien años un genocidio, no se debe disimular con eufemismos.  Entre otras razones, porque los avances civilizatorios producidos en el campo del derecho internacional, no siempre se corresponden con la realidad que periódicamente reproduce las mismas escenas: carretones repletos de hombres y mujeres expulsados de sus hogares, masacrados por la intolerancia.

Dolor por las víctimas y honor para los sobrevivientes que mantienen en alto sus tradiciones milenarias y el compromiso de organizar un mundo sin guerras, sin  desigualdades ni fanatismos.


Llamar a las cosas por su nombre implica dar entidad. Es el primer paso para restituir la historia de una nación y fortalecer la conciencia de los pueblos. Reconocer el genocidio contribuye a encender las alertas.  Recientes catástrofes humanitarias, reclaman de los líderes mundiales un nuevo Nunca Más, esta vez a escala universal. 

jueves, 23 de abril de 2015

EL CAMBIO DE GOBIERNO Y LAS ELECCIONES LOCALES


Artículo de opinión publicado en
 EL ESTADISTA del 22 de abril 2015


En cada turno de renovación presidencial se realizan elecciones de gobernadores e intendentes en todo el país. Adelantadas o simultáneas, dichas competencias tienen directa relación con el resultado nacional. Ello es así, porque el caudal de votos logrado por cada una de las organizaciones políticas en competencia, contribuye a la integración de los partidos en el ámbito nacional. A este proceso, que se ha desarrollado progresivamente desde el año 2001, los politólogos le han dado el nombre de “territorialización de la política”.  En términos generales, alude a que el comportamiento de los partidos y sus votantes se vuelve más distintivamente local, trasladando el centro de gravedad política desde la Nación hacia las provincias. De este modo, las facciones o partidos que cuentan con bases electorales concentradas en sus distritos, se convierten en pilares fundamentales del armado electivo nacional. El distrito paradigmático en este sentido, lo constituye para el peronismo la provincia de Buenos Aires, que le provee tanto de una considerable suma de electores como de diputados nacionales. Sumado a ello, la literatura especializada sostiene que los líderes provinciales influyen sobre la nominación de candidatos y el armado de listas a diputados y senadores nacionales, que son actores imprescindibles al momento de asegurar el éxito de la agenda legislativa presidencial.  Así lo ha mostrado el predominio peronista en el Congreso de la Nación -particularmente en la Cámara de Senadores donde el PJ ha mantenido mayorías desde 1983- encargado de bloquear o respaldar las políticas del Ejecutivo según fuera su pertenencia partidaria. Desde las privatizaciones hasta las estatizaciones, las mayorías  del PJ se han encolumnado detrás de un supuesto “rumbo programático” definido en los hechos, por las exigencias coyunturales y la disposición política del presidente. ¿Cómo explicar sino, que un mismo partido político y en algunos casos hasta exactamente los mismos dirigentes, hayan pasado del clamor “neoliberal” al fervor de la  “izquierda regional bolivariana”?

De este modo, si bien es cierto que los núcleos locales son centrales para el armado de la maquinaria partidaria, el proceso de territorialización no tiene las mismas repercusiones sobre la toma de decisiones nacionales, donde el rumbo político se ha concentrado continuamente en la figura del presidente. Esta tensión, entre apoyos territoriales descentralizados y centralización de las resoluciones en el Poder Ejecutivo,  limitó la participación de las unidades federales en su influencia sobre las políticas gubernamentales. En este escenario, los disensos programáticos -que constituyen una forma de control fundamental para garantizar la previsibilidad y la estabilidad de las políticas públicas-  han sido ejercidos sólo por la oposición. Aunque, la abrumadora presencia de mayorías disciplinadas y la distribución preferencial de cargos directivos en las comisiones parlamentarias -encargadas de cajonear todo proyecto distinto a los intereses del presidente- han debilitado la capacidad de la competencia para poner límites al Ejecutivo.

Dicho esto, cabe detenernos en tres cuestiones claves que sustentan la actual lógica de concentración del poder: los incentivos generados por las reglas electorales, el uso a discreción  de los recursos públicos de parte del Ejecutivo Nacional y los jefes provinciales, y la ausencia de un programa de gobierno claro que oriente a la ciudadanía. La comprensión sobre cómo estos factores retroalimentan el proceso de centralización de las decisiones políticas, pone a los electores en un lugar privilegiado y particularmente determinante, al momento de consentir el estado actual de cosas o de contribuir a un cambio democrático. Veamos.

Respecto a las reglas electorales, la posibilidad de reelección  -presente en la mayoría de los distritos-  y la informalidad que rige la nominación de candidatos para los  cargos públicos, estimulan la persistencia de los gobiernos en ejercicio (nacionales y provinciales) además de aumentar  la influencia de los líderes locales. Ello contribuye tanto al ejercicio personalista del poder  como a la concentración de recursos en los partidos que ocupan el gobierno por períodos prolongados. Adviértase que desde 1983 hasta la actualidad, en un tercio de las provincias argentinas, no existió alternancia partidaria. Concretamente, en las últimas elecciones a gobernadores,  en 23 provincias se reeligió a los oficialismos locales - de los cuales  15 son gobernadores reelectos- y sólo en Catamarca existió, por lo menos a primera vista, alternancia política. Tenemos como resultado, 21 distritos gobernados por alguna de las tantas facciones del PJ o formaciones independientes que responden en los hechos al kirchnerismo, mientras sólo 3 distritos (de un total de 24) están  representados  por la oposición: CABA donde ganó el PRO,  la provincia de Santa Fe  donde triunfó el FPCyS de conformación radical socialista, y la provincia de Corrientes con gobernador radical y aliados locales.

Sin embargo, si nos detenemos un poco más en los resultados, hallamos algunas singularidades. Por un lado, que incluso en Catamarca la alternancia no es tan pronunciada como parece. La actual gobernadora Lucía Corpacci, era la vice gobernadora de su predecesor Eduardo Brizuela del Moral del FPCyS -alianza a la que Corpacci renunció anticipadamente para postularse en 2011 por el FpV-. Por otro lado, encontramos resultados ratificatorios al gobierno nacional, provincial o municipal, aunque éstos pertenezcan a partidos u orientaciones diferentes o incompatibles. Este fue el caso de los votantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por ejemplo, que eligieron a Mauricio Macri como Jefe de Gobierno local y a Cristina Fernández como presidente en el ámbito nacional. Líderes cuyas asignaciones ideológicas son, en principio, antagónicas. ¿Cómo se explica esto? En primer lugar, puede deberse  al nivel educativo de los votantes, cuya mayor información  sobre el acontecer político, los facultaría para elegir estratégicamente entre alternativas políticas diferentes. En segundo lugar, al desdoblamiento entre las elecciones nacionales y locales, que constriñe la trasferencia de votos desde las provincias hacia la Nación. Este mecanismo es usado habitualmente por los dirigentes cuando quieren despegar su imagen del Ejecutivo Nacional tal como sucede en la actualidad. En tercer lugar, a la persistencia en el poder de los mismos partidos por períodos prolongados, que les otorga ventajas comparativas -en términos de disposición de recursos- que les permite invertir inmensas sumas de dinero en la promoción de sus candidatos.

De aquí se desprende la segunda cuestión clave vinculada, por supuesto, con la anterior: la distribución de los recursos (negociación de cargos públicos,  asignación de presupuestos y recursos fiscales). Más aún, si se repara en que el gobierno nacional ha hecho uso de éstos para negociar apoyos territoriales, integrar el aparato nacional y construir disciplina hacia los proyectos del Ejecutivo. De otro modo, es por lo menos curioso que la distribución de las asignaciones presupuestarias nacionales que cada provincia recibe no sean congruentes, ni con la cantidad de habitantes, ni con el PBI, ni con los índices de pobreza y desempleo provincial; tal como sucede con los gruesos recursos girados a la provincia de Santa Cruz. Bien lo detalla Carlos Gervasoni -en un reciente artículo publicado en el Estadista del 18 de marzo- a propósito de los “beneficios del federalismo fiscal argentino”. Esta lógica de distribución obstruye la capacidad de coordinación de la oposición que, tomada de modo individual, no cuenta con recursos suficientes ni garantías institucionales para construir alternativas políticas factibles.

De modo tal que, los partidos que aspiran a la presidencia de la Nación en la actualidad deben tener en cuenta la dinámica política entre el ámbito nacional y provincial. Así, para que lo cambios propulsados por la oposición al kirchnerismo sean viables, se requieren alternancias partidarias locales. Y para que el cambio sea exitoso, se necesita de la participación democrática de todos los ámbitos en el mantenimiento de la unidad nacional. La primera, le compete a los electores que elegirán en cada una de las elecciones por “la continuidad o el cambio”. La segunda, es competencia exclusiva de la dirigencia de todos los niveles que representan este cambio. Ello nos lleva a la tercera cuestión clave: la necesidad de que la alternativa al kirchnerismo se respalde en un  programa consensuado entre las provincias y la nación, cuyos principios cardinales y políticas públicas acordadas, estén garantizadas en la unión. Sólo así, se pueden acallar los egos individuales, darse previsibilidad al cambio, y ser factible la transformación.

El calendario electoral ya ha comenzado y es menester prestar atención, ya que se podrán apreciar las tendencias predominantes y de ese modo, pronosticar el resultado nacional más probable.  Al día de hoy se adelantaron los comicios en 12 provincias. Si bien la primera elección primaria en Salta ratificó al gobernador peronista -y aún resta la elección general-, los resultados en  el tercer y cuarto distritos más grandes del país, anuncian otros caminos. En Santa Fe, se registra una situación de empate entre el PRO y el FPCyS. Este frente cuenta con el decidido apoyo de la UCR.  Pero, sin duda, el hecho más saliente de la elección santafecina es el pobre resultado del gobierno nacional, ya que el FPV/PJ, apenas alcanzó el 20% de los votos.  Mientras que en Mendoza, triunfó el frente con candidato radical “Cambia Mendoza”. Además,  sí en CABA, Córdoba -que constituyen luego de la provincia de Buenos Aires, los distritos más populosos del país- y en Corrientes, se consolidan los triunfos de la oposición. Y si en Chaco, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Tucumán;  a las que se les sumarían Jujuy y La Pampa, existe alternancia. Entonces, la consolidación de un proyecto  distinto en el ámbito nacional tendrá mayor peso, porque una verdadera transformación se logra en la interacción constante entre las provincias y la nación

Precisamente, la fortaleza diferencial de la unión UCR-PRO-CC reside en que, mientras el radicalismo tiene presencia en cada una de las provincias argentinas, el PRO ha adquirido gran relevancia en Capital Federal, Córdoba, La Pampa,  Santa Fe y Entre Ríos.  Ello garantiza que la posibilidad de elegir por un cambio republicano y democrático, esté presente en todos los distritos del país. En todo caso, la orientación final de esta unión dependerá de los resultados de las PASO que determinarán, tanto el peso relativo de los integrantes de la asociación, como la fortaleza y la dirección programática del cambio. En última instancia, el éxito de tan ambicioso proyecto depende de todos nosotros. Ello incluye, coraje cívico al momento efectuar la decisión electoral, y voluntad política para concretar la unión nacional.

miércoles, 25 de marzo de 2015

NACE UNA REAL ALTERNATIVA DE CAMBIO

por Marcelo Stubrin
Una versión comprimida se publicó en Clarín del 21/03/2015

Terminada la Convención radical y notificados los líderes locales que tendrán disponibilidad amplia para adaptar las ofertas electorales de sus provincias a la nueva situación, llegó la hora de comenzar un delicado trabajo político que tiene su primera estación en las PASO del segundo domingo de agosto.
En efecto, tradiciones y estilos políticos diversos confluirán con un programa mínimo de coincidencias  republicanas en una elección primaria para proceder a la elección de la fórmula presidencial.   Pero una elección es competencia –habrá tres candidaturas-, y resulta interesante reflexionar sobre la dificultad que entraña disputar y asociar de manera simultánea para un proyecto de gobierno
La primera cuestión es sencilla, los candidatos se presentan a elecciones para ganar, no para hacer un buen papel. En este sentido, parte de la competencia democrática radica justamente, en marcar las diferencias con los adversarios. Sumado a ello, en esta oportunidad, no solo se dirime cual de las fórmulas competirá en nombre del conjunto, sino que el resultado permitirá vaticinar ciertas tendencias sobre la orientación del gobierno, dado que nuestro régimen es presidencialista.  El arte de conformar coaliciones por círculos concéntricos de afinidad, será indispensable y decisivo para el éxito de la gestión de quien gane la elección. De modo que el debate, lejos del fraccionalismo, iluminará también la orientación del gobierno y las particularidades propias de los presidenciables y sus partidos deberán enfatizarse sin perder de vista la orientación colectiva sobre cuáles son las prioridades programáticas comunes.
Es por ello, que los cuatro meses que vienen constituirán un terreno propicio para la conformación de asociaciones y afinidades que permitan al candidato a presidente electo en las primarias disponer de un programa preciso y de equipos que expresen toda la riqueza del agrupamiento y se dispongan a realizar propuestas con el mayor grado de precisión durante la campaña electoral. Recién entonces –dirimidas las Paso-, se sabrá quienes son los contendientes, y quien representa la continuidad del Kirchnerismo.  Lo que equivale a decir que aunque la masa crítica congregada en el acuerdo UCR, PRO, CC, es la más relevante para quienes impulsan el cambio, la ausencia de definición del gobierno sobre su oferta electoral, constituye una anomalía del sistema político.   El retador no tiene un oponente conocido y por eso no se puede configurar un clima adecuado para desarrollar una campaña electoral. 

Ahora bien, ¿cuál es el centro del asunto que se dirime en la elección presidencial?  Cada argentino tendrá una respuesta a su medida, pero el corazón de la cuestión es continuidad o cambio; hay fastidio con el Gobierno en capas muy amplias de la población que ya no soportan el estilo presidencial, las cadenas nacionales para anunciar cuestiones de rutina, la desmedida y arbitraria concentración del poder, un Congreso domesticado para satisfacer caprichos, un permanente estado de confrontación y presión sobre el Poder Judicial, la ausencia de diálogo constructivo sobre la agenda pública, una política exterior estrafalaria y una atmósfera de fin de ciclo que llena de sospechas cada una de las acciones de un gobierno más preocupado por esquivar indagatorias que por convocar a la sociedad para corregir los problemas principales.
En este escenario, la fortaleza del acuerdo UCR-PRO-CC radica justamente, en que se posiciona como la única fuerza política capaz de vencer al Frente para la Victoria y encarar un cambio sustantivo. Esto es así, porque cada uno de los partidos y dirigentes que conforma el acuerdo, cuenta con  ventajas comparativas y características diferenciales propias; todas ellas necesarias e indispensables para la construcción de un proyecto alternativo.

Dentro de este  marco, la UCR es una fuerza que posee representación nacional y que tiene en su haber 124 años de experiencia política, significativos bloques parlamentarios y una trayectoria destacada en la gestión de municipios y provincias.  Desde la conquista del sufragio universal hasta la transición democrática, el partido ha demostrado capacidad para dirigir acuerdos, luchar contra poderes desestabilizantes reales,  y restablecer en un marco de consensos amplios y pluripartidistas el régimen democrático argentino. En este sentido, los consentimientos alcanzados para la formulación de una estrategia nacional durante la Convención del 14 de marzo pasado, y el asentimiento logrado sobre el conjunto de lineamientos básicos de gobierno (sustentados en la igualdad, la libertad, la modernización productiva y el desarrollo de la calidad de vida) son prueba de la consistencia ideológica, la experiencia programática y la virtud republicana del radicalismo. Un partido que refleja en su seno las múltiples tensiones de la sociedad, pero que tiene la experiencia política necesaria para privilegiar la unidad al conflicto e impulsar el conjunto de  transformaciones necesarias que lleven al cambio en un ámbito de estabilidad y respeto por la diversidad. La hora del cambio ha llegado.

martes, 11 de noviembre de 2014

ARGENTINA DIGITAL



Presentación de Marcelo Stubrin
Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
 Libertad de Expresión de H. Senado de la Nación

·      -  Llegó la hora de la reclamada convergencia. Aunque disponible legal y reglamentariamente desde el año 2000, recién en sus postrimerías el Gobierno resuelve incursionar en este terreno.  Replica las previsiones del Decreto 764/00, y le agrega tres conceptos: Neutralidad de la red, autorización para que los prestadores de servicios de telecomunicaciones puedan incursionar el mundo audiovisual y declara que se trata de un Servicio Público en Competencia.

·       - Neutralidad de la Red: Sin ser novedosa en el marco normativo de las telecomunicaciones, esa mención, carente de desarrollo y fundamentos, necesita recoger los debates y avances que en esta materia tuvo esta Comisión del Senado, cuya seria labor logró un dictamen muy interesante, teniendo como base los proyectos de las señoras y señores Senadores Sanz, Estenssoro, Rodríguez Saa, Fellner, Pérsico, Di Perna y Romero.

·        -Autorización a las prestadoras Tic a ser titulares de licencias audiovisuales: Téngase en cuenta que sancionada la norma podrán ser  consideradas servicio público en competencia, todas las Tic, no solamente las de telefonía fija. Aunque las licencias audiovisuales según el art. 2 de la LSCA seguirían siendo consideradas una actividad de interés público.

o   Se debe abordar la prohibición a las empresas de capital extranjero que no tengan tratados de reciprocidad con la República Argentina en materia audiovisual. El único tratado que la contiene es el celebrado con USA.  Si se le acepta a España una nota de buena voluntad de la administración del Reino, como está proyectado, aunque no resuelto por la Afsca, se debiera aceptar a los restantes estados que lo soliciten, vg.: México e Italia  Ello implica la derogación desviada de preceptos taxativos de la Ley 26522, lo que constituye un pésimo precedente.  Si esta es la posición del Gobierno en la materia, la única manera de evitar la colisión de normas es proceder a la modificación de LSCA.

o   La notable asimetría entre el poderío económico de las empresas de telecomunicaciones y las de medios audiovisuales, obliga a establecer precisos mecanismos de transición que protejan a los más vulnerables.  Sobre todo en un país como el nuestro en el cual la industria del cable ha tenido un desarrollo extraordinario, autofinanciado por los prestadores, fuente de empleo y desarrollo local.   Mayores plazos, otorgamiento de los derechos de prestar servicios de telefonía que este gobierno les niega sistemáticamente, cuotas específicas de mercado que compensen desigualdades se convierten en herramientas indispensables para que la convergencia permita reglas de competencia en condiciones que disipen la considerable desigualdad económica.

o   La interconexión, -corazón de la convergencia- y prevista desde el año 2000 en nuestro sistema normativo, fue extremadamente difícil de implementar cuando se trataba de que los más pequeños tengan acceso a las redes troncales. Ahora se propone su implementación automática para acentuar desigualdades y permitir a los colosos de la industria aprovechar las modestas inversiones de quienes llegaron a los rincones más olvidados del país a permitir que por primera vez se pueda ver televisión.


o   También se debiera mencionar que las previsiones de la LSCA, conservan vigencia en todos sus términos en cuanto a las condiciones de admisibilidad, multiplicidad, indelegabilidad y no concurrencia para todas las empresas con licencia de telecomunicaciones que quieran explotar licencias audiovisuales.  Debiendo la autoridad de aplicación, la Afsca  vigilar para que se correspondan con la realidad societaria de prestadores y licenciatarios.  Más de mil titulares de licencias de telecomunicaciones vigentes hoy en el país podrían encubrir la presencia desleal de grandes conglomerados en perjuicio de los actuales prestadores. El que tiene canal de TV de aire, no puede tener TV por cable en la misma localidad. El que tiene servicio de TV satelital de pago, no puede prestar ningún otro servicio audiovisual. Tampoco más de 24 licencias en otras tantas localidades. Estricta aplicación de las normas de defensa de la competencia para cada localidad.

·       - El proyecto en consideración declara en su primer artículo que su materia es de “interés público”. Luego en su art. 15, comenzando el Título III, otorga “al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre licenciatarios de Servicios de Tic”, el carácter de servicio público en competencia.  Esto no se entiende, ¿no alcanza a usuarios y consumidores?, ¿el regulador no intervendrá en la fijación de tarifas? ¿es una nueva categoría de servicio público por el agregado “en competencia”? El Congreso Nacional es el recinto adecuado para responder estas preguntas con una redacción adecuada del texto de la norma.

·       - Se acentúan las superposiciones normativas en relación a la administración del espectro radioeléctrico.  En efecto, el Título V, lejos de resolver las superposiciones existentes entre la CNC y la AFSCA arroja nubes de incertidumbre sobre el sistema de decisiones en la materia, sobre todo si tenemos en cuenta la escasez de frecuencias en las llamadas áreas de conflicto (art.160 LSCA)  y en algunas provincias donde los sistemas de televisión paga se emiten primordialmente por la banda de UHF codificada.

·        -El Estado Nacional realizó una gran inversión en infraestructura: 30.000 kms. de fibra óptica y un satélite geoestacionario que ilumina la totalidad del territorio nacional.  La circunstancia de que dichos servicios no se encuentran operativos al momento del debate de este proyecto de ley, obliga a requerir del PEN la información sobre los plazos de operatividad y los mecanismos de incorporación al mercado de las comunicaciones, de estas facilidades.  De la respuesta del PEN, dependen decisiones relevantes que debe adoptar el Congreso Nacional ya que una red de infraestructura de tanta gravitación debe ser administrada con reglas claras que sirvan para mejorar la calidad y equilibrar los mercados de acceso a las redes complementando y sin perjudicar a los tendidos que se encuentran operativos y en servicio.

·       - El tratamiento conjunto en esta norma de todos los servicios plantea fuertes interrogantes en su aplicación, ya que este proyecto marcha hacia mercados en los que se pretenden altos niveles de competencia entre diversas plataformas y dentro de cada una de ellas.  Sin embargo, en materia audiovisual, el resultado es incierto. Probablemente los ganadores sean  quienes dispongan de contenidos de mayor calidad a menor costo.  Pero la realidad es que la orientación central de la LSCA, tuvo otra dirección. Desconcentración, escisión de grupos, restricción de acceso a mercados, incompatibilidades cruzadas, son su objetivo; el que parece opuesto a la norma que hoy estamos considerando. Por ello el Congreso está llamado a dar coherencia a estas normativas superpuestas y de disímil inspiración.

·       - ¿Convergencia o Divergencia? Esta es la pregunta que surge de la fría lectura de la Ley 26522 y del proyecto Argentina Digital. Dos filosofías de diferente cuño para abordar un solo problema no suelen ser el mejor camino para obtener los resultados esperados.

·       - Para terminar, este proyecto más que una Ley regulatoria, es un repertorio de intenciones para  para la convergencia digital.  De ser aprobado como se encuentra formulado, el legislador será el Poder Ejecutivo Nacional quien podrá a su arbitrio tomar todas las decisiones que el Congreso Nacional le estará delegando en abierta violación al art. 76 de la Constitución Nacional.   No queda tiempo en esta audiencia para referirme a las divergencias con la LSCA, para muestra dos ejemplos:

o   La autoridad de aplicación, su composición, autoridades, misiones y funciones están claramente previstas en la 26522,  con participación parlamentaria en 3 de los 7 miembros del Directorio, mientras que este proyecto nada establece de la “autoridad de aplicación” y no se contempla similar participación del poder legislativo ni de Comisión Bicameral alguna.  

o   Las licencias audiovisuales son intransferibles, art. 41 de la Ley 26522 y en cambio en este proyecto son de libre disponibilidad. Lo cual, o bien deroga en la práctica la restricción normativa impuesta a todos los titulares de licencias audiovisuales de cualquier categoría, o lo que es peor, constituye una flagrante desigualdad ante la Ley.

martes, 28 de octubre de 2014

FUERZAS ARMADAS Y SEGURIDAD PUBLICA: PARA DISIPAR CONFUSIONES

Nota Publicada en Página12 "Demagógico y efectista"

Nota Publicada en el diario Página12
Sábado, 18 de octubre de 2014

“DEMAGÓGICO Y EFECTISTA”
Intelectuales, políticos, periodistas y dirigentes de derechos humanos de diferentes posiciones políticas salieron al cruce de quienes quieren involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Alertaron sobre el peligro que entraña “la especulación política de corto plazo”.

Recientemente un ex presidente de la República, un candidato presidencial a las elecciones de 2015 y un ex ministro de Defensa han hecho declaraciones en favor del entrecruzamiento de las actividades militares con las policiales. Sus dichos entreveran de una manera inconveniente, contradictoria con la normativa vigente, las funciones de defensa y de seguridad. No son voces aisladas pues desde hace un tiempo se plantea, en diversas esferas y a través de diferentes medios, la alternativa de utilizar las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública: una opción gravosa en varios sentidos, que remite más al pensamiento mágico que al abordaje razonado de los problemas.
Las Fuerzas Armadas (FFAA) no son instituciones multipropósito. Son un seguro que los ciudadanos pagamos para defendernos de eventuales amenazas armadas externas que pudieren agredir nuestro territorio, nuestra población, nuestras autoridades o nuestros recursos. Para tal fin se educan, se preparan, se adiestran y son provistas de complejos y costosos sistemas de armas, de una doctrina militar y de un despliegue territorial diseñados para la eventual aplicación de la violencia en el grado extremo que requiere la guerra.
Por otra parte, la República cuenta con instituciones específicamente diseñadas para enfrentar los problemas de la seguridad pública, para lo cual también están formadas y entrenadas, dotadas de medios operativos e infraestructura y desplegadas en el territorio nacional. Todo ello conforme al marco constitucional y jurídico vigente. Las fuerzas policiales (Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y  policías provinciales) y de seguridad (Gendarmería Nacional y Prefectura Naval)  tienen el objetivo de coadyuvar en la aplicación de la ley y de prevenir, interrumpir y eventualmente investigar diversas formas de criminalidad.  En ocasiones se ven en la necesidad de utilizar la coerción para  hacer efectiva la aplicación de la ley con un criterio de gradualidad, estricta adecuación de medios a fines y de preservación de la vida y de la integridad física de aquellas personas que deben constituir el objeto de su accionar. Argentina posee, así, fuerzas denominadas “intermedias” cuya formación, adiestramiento y doctrina les posibilita disponer de mayor flexibilidad y capacidad de respuesta para enfrentar amenazas a la seguridad interior. Este es un recurso –conviene destacarlo- con el que cuentan varios países de Europa y muy pocos en América Latina, entre ellos México que recientemente ha desarrollado un cuerpo de gendarmería.
En democracia, a partir de un amplio consenso pluripartidario,  se construyó en nuestro país un marco legal en materia de defensa y seguridad interior que define con claridad misiones y ámbitos de jurisdicción de sus FFAA y de sus fuerzas policiales y de seguridad, y deslinda con precisión y rigor sus respectivos campos de actuación. Producir una desviación de la misiones de las FFAA hacia funciones de seguridad pública involucra serios problemas y riesgos. Primero, porque el hecho de que usen armas no las capacita para lidiar con el delito. Soldados y policías están instruidos para actividades diametralmente diferentes, como se acaba de señalar, que implican dos modalidades distintas de uso de la violencia armada. Y segundo porque la mayor eficiencia que los militares supuestamente aportarían al trabajo policial no está verificada por la evidencia empírica disponible. No hay ejemplos exitosos del desempeño de las fuerzas armadas en funciones policiales. Por el contrario, lo que desgraciadamente se observa en los países de la región que han apelado al recurso militar es la persistencia del crimen organizado, fundamentalmente del narcotráfico. Pero además su uso frecuentemente implica un incremento en los niveles de violencia y de violaciones a los derechos humanos, así como de corrupción debido a la  connivencia que suelen mantener con los grupos a los que debería combatir. Todo lo cual irremediablemente afecta a las instituciones militares pero,  más importante aún,  al propio Estado de derecho.
Entre las naciones que conforman la comunidad internacional prevalece la noción de que todo Estado debe contar con FFAA que garanticen su integridad y soberanía frente a agresiones militares externas. Conviene no olvidar, sin embargo, que los argentinos aprendimos en Malvinas que si las FFAA desvirtúan su oficio con el desarrollo de misiones ajenas a su función específica, ulteriormente no son un instrumento apto para defender la nación.
Cuando vemos que algunos dirigentes políticos exponen de manera poco responsable que la inseguridad o el narcotráfico debe combatirse con las FFAA, quienes hemos trabajado el tema por años nos sentimos muy preocupados. Hemos sido modestamente parte de la larga y costosa lucha por restablecer la democracia en Argentina, uno de cuyos primeros asuntos a resolver fue, precisamente, qué hacer con los militares. Estamos convencidos de que el pensamiento mágico es inconducente: no hay atajos para encarar satisfactoriamente nuestros problemas de seguridad pública. Y creemos que la especulación política de corto plazo engarzada a un discurso demagógico y efectista, cuyo objetivo es policializar la labor militar,  puede abrir la puerta a peligrosos futuros. No hay beneficio colectivo en la tergiversación de la función básica de nuestras FFAA; hay error acaso ingenuo en algunos y en otros sólo interesados –y riesgosos- oportunismos.
La confusión que entraña lo antedicho merece ser disipada. Llamamos a no aceptar un retroceso contraproducente, a aprender de los errores de terceros, y a encarar nuestros problemas de seguridad pública con responsabilidad ciudadana, sin enconos y con discernimiento.
FIRMANTES
ACUÑA Carlos H.; AGUAS Mariano; AINCHIL Gustavo; ALES Cecilia; ANGUITA Eduardo; APPIOLAZZA Martín; ARONSKIND Ricardo; ARSLANIAN León Carlos; AZNAR Luis; BALZA Martín; BLAUSTEIN David; BOLOGNA Bruno; BULCOURF Pablo; BURKUN Mario; BUSSO Anabella; CAÑON Hugo; CAPUTO Dante; CARRASCO DE LA RIVA Guillermo; CASTAÑO Jazmín; CASTIGLIONI Franco; CLEMENT Ana María, COGORNO Guillermo; COLOMBO ROQUE Ricardo; COLOMBO SIERRA Agustín; COMINI Nicolás; CHILLIER Gastón; D´ALESSANDRO Juan Manuel; D´ALOTTO  Alberto; DE ARRIBA Alberto; DEL PERCIO Enrique; DER GHOUGASSIAN Khatchik; DE ROSE Roberto; DIAMINT Rut; DUFOUR Gustavo; DVORKIN Eduardo; EISSA Sergio; ELBAUM Jorge; ESTEVEZ Eduardo; ESTRELLA Miguel Angel; FERNANDEZ Arturo; FERNANDEZ María Belén; FERNANDEZ Santiago; FÖHRIG Alberto; FORTI Alfredo; FREDERIC Sabina; FURMAN Rubén; GAK Abraham; GALLESIO Enrique; GARGARELLA Roberto; GARRE Nilda; GARRETA Jaime; GRIMSON Alejandro; JARAMILLO Ana; KANDIKO Ulises; LAVALLEN RANEA Fabián; LECHINI Gladys; LITVACHKY Paula; LOPEZ Ernesto; LOPEZ CHORNE Juan; LORETI Damián; MARCELLO Roberto; MARTINEZ Pablo; MAURINO Gustavo; MERKE Federico; MORENO OCAMPO Luis; NATANSON José; OSZLAK Oscar; OTAMENDI Alejandra; PALERMO Vicente; PALMIERI Gustavo; PARADISO Pepe; PASCALE Norberto; PASSERA Javier; PATIÑO MAYER Hernán; PIERINI Alicia; PINTO Mónica; PONS Roberto; QUILICI Domingo; RODRIGUEZ Jesús; RODRIGUEZ GAMES Nicolás; ROMANO Silvina; ROSTICA Julieta; SAIN Marcelo; SALOMON Alejandro; SANCHEZ ANTELO Raúl; SARLO Beatriz; SEGAL Alberto; SEMAN Ernesto; SOPRANO Germán; STUBRIN Marcelo; STUPENENGO Héctor; TAIANA Jorge; TALENTO Miguel; TIBILETTI Luis Eduardo; TIBILETTI María de la Paz; TOKATLIAN Juan Gabriel; TONELLI Luis; UGARTE José Manuel; VARNAGY Tomás; VAZQUEZ OCAMPO José María; VELAZCO María Luisa; VERBISTKY Horacio; VILLAGRA DELGADO Pedro; VIOR Eduardo; WATTS Jorge.

CONTRA EL DUALISMO EN POLITICA EXTERIOR





Presentación de Marcelo Stubrin
Jornada UCR. Política Exterior y RRII
11 de Setiembre 2014


Las clasificaciones y taxonomías suelen traicionar, ayudan a entender, describen e ilustran pero también, engañan.
La política como actividad suele desglosarse en varios enfoques, abordajes y especialidades.  Entre ellas, la más destacada es la clásica oposición entre política nacional y política exterior.
Esta oposición entre las acciones políticas que se llevan a cabo dentro y fuera de las fronteras territoriales de una nación, constituye –en nuestros días- un dualismo de dudosa utilidad.  
No hay cuestión alguna de la agenda pública que no trascienda las fronteras, ya sea porque impacta o es impactada por circunstancias que generalmente  ocurren en lejanas latitudes.
Entonces, sostenemos que la acción política por antonomasia debe ser llevada a cabo teniendo en cuenta todos los efectos que produce, ya sean éstos de naturaleza doméstica o internacional.  La pretensión de hablar al país como si afuera no escucharan, es tan grotesca, como la práctica de hablarle al mundo para dirigirse preferentemente a oídos locales.  Quienes no sigan esta regla, están condenados a producir –en ambos planos de abordaje- efectos contrarios a los que se proponen, confundiendo a sus interlocutores y alejándose del cumplimiento de los fines que persiguen.

Principios e Intereses

Otro dualismo se utiliza con frecuencia para caracterizar la política: principios vs. Intereses; convicciones o responsabilidad.  A esta falsa opción se acude para cabalgar sobre un confuso eje entre las nociones de idealismo y pragmatismo. Esta mirada puede ser útil para denostar a un adversario pero en modo alguno ilumina la acción política de naciones y gobiernos. 
Nada puede ser más útil al interés de un país que defender los principios que inspiran su política. O alguien que valora la paz, puede propugnar el conflicto porque piensa que le conviene.  Este absurdo como categoría de análisis, no supera el más elemental de los silogismos de la lógica política, pues pone en duda la fortaleza de los principios o, lo que es peor, la corrección o moralidad de los intereses perseguidos.

El escenario internacional

Sería muy extraño que las acciones de una nación en su interacción con el resto del mundo tengan la inmediatez de la política local.  Por el contrario, se trata –generalmente- de políticas de largo aliento que tendrán efecto cuando resulte evidente que no dependen de un solo gobierno, sino que por el contrario integran el repertorio previsible de un estado cuyos objetivos y acciones sostienen una coherencia intertemporal.  Esto es particularmente significativo en el contexto multilateral donde se dirimen cuestiones que impregnan cada vez más, la vida cotidiana de los ciudadanos del planeta.
En las organizaciones internacionales se aprecia –en las últimas décadas- un crecimiento de las materias abordadas y una proliferación de compromisos que asumen los países.  Tanto es así, que pocos asuntos de interés quedan fuera de estas redes que ya no se limitan como en su origen a evitar la guerra, garantizar un trato justo a los prisioneros y a la promoción de la paz, sino que han avanzado impetuosamente hasta convertirse en un verdadero gobierno universal, poblado de inconsistencias y virtualidades pero en el cual se abordan todos los asuntos con diversos grados de aceptación y resultados.  
Merece destacarse el sistema de las Naciones Unidas, la más ambiciosa utopía que pudo producir el sangriento siglo XX, en cuyo sistema se plasman los máximos objetivos civilizatorios y se abordan los principales problemas de la humanidad en una compleja interrelación de países de todos los tamaños e intereses.

La región

Las fronteras que dividen soberanías sirven para unir y acercar o para separar y diferenciar.  Depende de la perspectiva del observador.  Nosotros, siguiendo antiguas lecciones de la historia siempre estamos a favor de integrar, cooperar, construir confianza y garantizar la paz.  Por eso abjuramos del nacionalismo bobo y nos disponemos a defender los principios / intereses de la nación en marcos crecientes de asociación.  Para ello contamos con el desvalido edificio del Derecho Internacional al cual nos aferramos para afianzar derechos,  canalizar conflictos y asegurar la solución pacífica y creativa de las controversias.
Nadie debe pregonar el aislamiento. No hay estados suficientemente autónomos como para prescindir del resto del mundo, mucho menos para desperdiciar la sinergia que se produce entre países vecinos. Particularmente cuando los flujos del comercio, las inversiones y los recursos humanos se influyen recíprocamente en un escenario que presenta de manera creciente la emergencia de actores regionales y subregionales cuya voz es mucho más audible que la de cada uno de los países que lo integran.
La argentina de Alfonsín lideró, en la región, la recuperación de la democracia y de manera vertiginosa fulminó la conflictividad preexistente. Luego  se atrevió a soñar con la unión de la región para lo cual se establecieron bases sólidas y perecederas.
La sepultura de las hipótesis de conflicto trajo aparejada una atmósfera de confianza y combinación constructiva de políticas que asombró al mundo y fue proclamada como ejemplo entre las naciones.
Menem, a pesar de sus devaneos con el alineamiento automático,  mantuvo dichas políticas.  Llegaba la hora de concretar los acuerdos económicos que habían suscripto los presidentes Alfonsín y Sarney.  Entonces, y con cambiantes explicaciones, se celebraron los tratados que dieron nacimiento al Mercosur.
Ni zona de libre comercio, ni unión aduanera: mercado común, la máxima categoría, la más ambiciosa, la que implica libre circulación del capital y del trabajo; es decir de todos los factores de la producción.  Asociarse frente al mundo, arancel externo común (unión aduanera), coordinación macroeconómica, parlamento comunitario, tribunales de justicia, documentos personales comunes, fueron algunas de las iniciativas que proponían la construcción de una supranacionalidad que alentamos sin dejar de destacar que los cimientos no mostraban suficiente consistencia.
Así fue.  El mercado común nunca salió del cascarón y la Unión Aduanera fue tan imperfecta que la lista de excepciones es mayor que la lista de productos de libre circulación.  El arancel externo común –que impidió a Chile sumarse- se fue diluyendo por las oscilaciones cambiarias de los países del bloque y las utopías asociativas fueron cediendo terreno frente a escaramuzas sobre cada uno de los productos de la nomenclatura arancelaria.   
Finalmente y para evidenciar la magnitud de las dificultades, debemos tomar nota de que las coincidencias o afinidades ideológicas entre los gobiernos de la región, no sólo no lograron disimular las diferencias comerciales y de otro tipo, sino que por el contrario, las amplificaron.

Algunas conclusiones

De manera provisoria y como disparador de un debate pendiente, me atrevo a afirmar: las dificultades de los gobiernos por concretar sus propósitos y  practicar la integración es consecuencia directa del localismo predominante en los sistemas políticos.  En efecto, una combinación de los sistemas electorales, la crisis de los partidos políticos y el malestar de los ciudadanos, provoca como consecuencia que la dirigencia política se esfuerce por rendir pleitesía a sus votantes más próximos e inmediatos.  La generalizada tendencia al reduccionismo y la simplificación de la realidad es un impedimento para encarar con eficacia empresas más ambiciosas y de mayor alcance. 
Todo ello es en desmedro de encontrar las soluciones a los problemas principales de los votantes.  Resulta difícil el hallazgo de un asunto relevante vinculado a la seguridad ciudadana, la protección del medio ambiente, la salud pública, el tráfico de estupefacientes, la explotación de los recursos naturales, la política tributaria o el empleo cuya solución no dependa de llevar a cabo políticas desde un ámbito que trasciende al Estado Nación. Ya sea subregional, regional o transnacional, la respuesta a problemas de esta naturaleza demanda generalmente acciones gubernamentales coordinadas en diferentes países.
Por lo tanto y a modo de conclusión, podemos afirmar que es altamente probable que mientras subsistan las miradas dualistas sobre política exterior por un lado y política nacional por el otro, más nos alejaremos de la posibilidad de resolver los problemas que nos aquejan como sociedad. 
De ahora en más, será indispensable que los líderes de los países sean capaces de identificar como funciona el sistema de decisiones de los vecinos, no sólo de su sistema político, sino de la cruda realidad integrada por sindicatos, empresas y grupos de interés.  Esta es una condición para el fortalecimiento del poder político, un modo de trabajar para ganar en eficacia, y para ahorrar tiempo en la búsqueda de las soluciones principales.
Un modo, en fin, de empoderar a los gobernantes para que sus decisiones tengan en cuenta la totalidad del cuadro y no se desenvuelvan con la miopía de quien solo ve el río desde una orilla.